Por la expropiación de los fondos previsionales bajo control de jubilados y trabajadores

Escribe Adriana R., 25 de mayo.

Las principales orientaciones en materia de reformas previsionales a nivel latinoamericano -donde la mayor parte de los sistemas previsionales privados están invertidos en bonos de la deuda pública-,  han provenido desde el Banco Mundial (BM). Dicho organismo considera a los sistemas de pensiones como una fuente potencial de financiamiento y desarrollo del mercado de capitales; promoviendo el modelo chileno, impuesto en dictadura en 1981: capitalización individual, despojando al Estado de la responsabilidad de garantizar jubilaciones. 

Los resultados en las evaluaciones del BM mostraron que las reformas no consideran la vinculación con el empleo formal e informal, planteando un proceso de reformas para poner en funcionamiento el sistema de pilares múltiples que consiste en que el Estado garantiza con el Presupuesto Nacional (proveniente del aporte impositivo de los trabajadores) una jubilación mínima asistencial de pobreza. Si el trabajador quiere aumentar su jubilación debe hacer aportes adicionales, voluntarios, reduciendo aún más su ingreso salarial. Así, la reforma  chilena  de  2008, implementó el sistema contributivo en tres pilares, entre ellos el solidario que otorga una “pensión básica” al 60% más pobre de la población.

De la irrupción masiva del movimiento No+AFP a su proceso de cooptación

En 2016, durante el segundo gobierno de Bachelet, comienza a irrumpir el movimiento No+AFP, en el marco de tres proyectos de reforma en el Congreso. En 2017 hubo multitudinarias movilizaciones y se impulsaron asambleas en barrios y sindicatos, resolviendo un plebiscito; se manifestó el rechazo al sistema jubilatorio pinochetista y el llamado al paro nacional. La dirección de este movimiento plantea sustituir las aseguradoras privadas por “un sistema de pensiones de reparto solidario, tripartito y administrado por el Estado”. Durante el estallido de octubre, la demanda de terminar con las AFP, fue vinculada a la consigna de asamblea constituyente; la crisis social agudizada por la pandemia, forzó el retiro de los fondos de AFP para paliar las deudas por parte de las familias obreras, ampliando la perspectiva del retiro total y poner fin al sistema de capitalización individual. 

La ausencia del planteo de expropiación, de control obrero y universalización previsional, propició el terreno para que dicho movimiento fuera preso de un proceso de cooptación, iniciado en las candidaturas de listas hacia la CC, donde se desvincularon de las bases y asambleas reduciendo su capacidad de movilización por medio de la iniciativa de norma constitucional con participación virtual, e incorporándose como punto programático de Apruebo Dignidad (AD). Por caso, la reforma previsional de AD plantea mantener vigentes por al menos 40 años más a las AFP, tiempo que corresponde a un período de “transición” hacia el nuevo modelo tripartito. Para que no quedaran dudas, la ministra de Trabajo y previsión social, Jeannet Jara (PC) planteó: “Es evidente que en nuestro país hay una valoración de lo que ha sido el ahorro privado, y por tanto seguramente nuestro sistema va a tener una parte de capitalización individual”

La ley de inexpropiabilidad del gobierno

Además, el conglomerado de Boric presentó (el 18/4) un proyecto de la inexpropiabilidad de los ahorros previsionales de cada persona, y aumentó el quórum parlamentario de 3/5 (93 diputados o 30 senadores) a 2/3 (104 diputados o 34 senadores) para dificultar el tratamiento de nuevos retiros. El proyecto del gobierno destaca además que los recursos se destinarán a fines previsionales como la administración de los fondos. 

Este aspecto no es menor, se debe a que cada AFP cobra cerca de 1.000 millones de dólares por comisión al año por “administrar” los fondos de pensiones. Las inversiones realizadas han  generando enormes ganancias a los especuladores, como las obtenidas en  su punto más alto en el 2019, con la  suma de US$649 millones, cotizando en la Bolsa de Santiago donde se destacan el Banco Santander, Enersis, Cencosud, Latam, Falabella y Endesa -todas en manos de monopolios financieros y del retail. Pero la crisis capitalista ha afectado las inversiones en el país, decantando en casos como la quiebra  de LATAM, donde las AFP vendieron sus acciones a la baja. El desempleo, los bajos sueldos y los retiros durante la pandemia disminuyen los fondos. Es por esto último que a propósito del rechazo del 5to retiro de las AFP, el Ministro de Hacienda Mario Marcel sostuvo que “se ponía en riesgo el programa de gobierno”, pero esa contradicción programática se presenta en la medida que la migración de fondos hacia el sistema estatal, implicaría una expropiación de las privadas aun cuando se prevé una transición de 40 años.

Con este proyecto, el gobierno desde un discurso progresista, plantea  una supuesta  “defensa del ahorro personal”, buscando sostener la cuenta individual bajo el sistema de especulación capitalista, para bloquear el avance del carácter incondicional de pensiones universales, bajo control de los jubilados y trabajadores 

La ambigüedad normativa en la Convención Constitucional (CC)

La reforma de pensiones del gobierno está supeditada netamente a la actual Constitución, por lo que aprobar el texto que se está escribiendo en la CC generaría ambigüedades normativas. La Comisión de Derechos Fundamentales despachó al Pleno una norma de seguridad social que no explicita el carácter de inexpropiabilidad. Por ello, AFP Cupum envió una carta a sus afiliados poniendo énfasis en que la eventual inexpropiabilidad de los fondos de pensiones y su heredabilidad, deberán ser materias de ley y lo decidiría el próximo Congreso, ya que el borrador de nueva Constitución deja abierta la puerta.. Estas lagunas serán materia de maniobra legislativa en función de los intereses de la burguesía, con posibilidades de reformas en cada gobierno de turno.

Por lo anterior, el diseño preliminar de Boric y Marcel implica enviar la iniciativa antes del plebiscito por la nueva Constitución, fijado para el 4 de septiembre. La apuesta es que el proyecto despeje las dudas sobre la inexpropiabilidad y así evitar que la consulta constituyente se transforme en un plebiscito sobre la propiedad de los fondos de pensiones. Así, el gobierno anunció que se le da inicio a los “diálogos sociales” para la reforma de pensiones, que se extenderían hasta agosto.

Expropiar a los expropiadores

Hemos ingresado a una coordinación internacional con organizaciones revolucionarias de España, Italia, Uruguay y Argentina, que vienen confrontando reformas previsionales que buscan extender la edad jubilatoria y retornar al sistema privado. Por un programa socialista para expropiar los fondos de pensiones bajo control obrero: por una pensión equivalente a un salario mínimo, igual a la canasta familiar, y acorde a la inflación; un sistema estatal único con aporte exclusivo de la patronal.