Pandora papers: Piñera en la cuerda floja

Por: Partido obrero revolucionario, 5 de octubre de 2021

El desarrollo de la crisis capitalista está completamente atravesada por la incapacidad de la burguesía de operar un relanzamiento económico con independencia (o, a pesar) del escenario pandémico que, sin embargo, mas allá del avance de la vacunación, mantiene a grandes sectores de la economía mundial en la incertidumbre.

Esto es lo que advierte Janet Yellen, secretaria del tesoro de EEUU, quien reparó que, si no se amplía nuevamente el límite de la deuda, su departamento podría quedarse sin efectivo alrededor del 18 de octubre, observó que el fracaso en abordar el límite de la deuda tendría resultados “catastróficos”, incluida una “crisis financiera” y una recesión. Su advertencia ha intensificado los signos de preocupación del mercado financiero en medio de un estancamiento entre republicanos y demócratas para abordar el techo de la deuda. Hay que recordar que, desde el comienzo de la presente crisis, en 2007 y 2008, el Estado norteamericano ha tenido que salir al rescate de los bancos y las compañías capitalistas de manera sistemática desde el gobierno de Barak Obama, pasando por Trump y Joe Biden, desembolsando cifras cada vez mayores a tasas de interés cercanas a cero e incluso negativas. El alza de las letras del tesoro con vencimiento para el 18 de octubre y la caída de las acciones es reflejo de que la economía capitalista no puede mantenerse sobre sus propias bases, lo que acentúa la necesidad de los constantes rescates estatales.

Por otra parte, en China aún no se cuantifican las consecuencias de la explosión de la gigantesca burbuja inmobiliaria que se desató a principios del mes pasado con la quiebra de Evergrande. El desarrollador inmobiliario chino más grande del mundo arrastra deudas por US$ 300.000 millones, sus acreedores, dentro se cuentan grandes compañías y fondos especulativos como Ashmore Group y BlackRock, y los bancos UBS, suizo, HSBC, el anglo-chino, han debido anotar elevadas pérdidas y el Estado, desde el 15 de septiembre pasado, en lo que es un operativo de derrumbe controlado, ha salido ha inyectar US$ 226.202 millones a los bancos públicos de China para absorber el shock. Esto es lo que sucedió el pasado miércoles, cuando las acciones de Evergrande subio un 15% en la bolsa tras vender parte de un banco (activos tóxicos) a una empresa estatal. La quiebra del gigante asiático se suma a los rumores de quiebra de otras compañías inmobiliarias que se podrían ver arrastradas como consecuencia de la baja en los precios de las viviendas. Además, se conjuga con la crisis de financiamiento de los gobiernos locales en China, cuya deuda “oculta” alcanza la mitad del PIB, situación que se esta viendo agravada por el ralentizamiento de las ventas de terreno a medida que empeora la crisis del gestor inmobiliario Evergrande.

En este escenario se desenvuelven también las tendencias que presionan la inflación, así, los problemas y los cortes en las cadenas de suministros que han disparado las tarifas del transporte marítimo hasta un 300% en 2021, en relación al año 2019, se suman a la “tormenta perfecta” que ha provocado una gran crisis energética. En Europa el precio del gas ha subido cerca de un 1.000% desde su mínimo, esto como resultado de una mayor demanda gasística en Asia y una reducción de los suministros rusos, en el marco de los esfuerzos de los países por generar una transición hacia energías renovables. Aunque parezca contradictorio, la relación social capitalista, que determina los esfuerzos por reducir el calentamiento global, ha llevado al gobierno de Gran Bretaña a poner en funcionamiento centrales eléctricas de carbón para asegurar el suministro de energía, lo que debela la necesidad de transformar el modo de producción, que depreda el medio ambiente y pone en riesgo de no retorno los niveles de emisión de CO2, agudizando la crisis de subsistencia planetaria.

En Chile los temores por la inflación, el retiro de estímulos de los bancos centrales, la crisis energética en el mundo desarrollado y, sobre todo, el efecto contagio que podría provocar la eventual caída de la constructora china Evergrande, se tomaron los mercados en la última parte del tercer trimestre, integrando, también los desequilibrios locales que han arrastrado las acciones a la baja. En este marco el alza en las tasas de interés de préstamos promovido por el Banco Central incentiva sus pagos más rápido por parte de los bancos y las empresas, de cara a la apertura económica. Para cumplir con este objetivo, los capitalistas necesitan dar rienda suelta a la explotación de la fuerza de trabajo y revertir lo que han caracterizado como “crisis de empleabilidad” por la pandemia, culpando de esto principalmente a medidas como el IFE y el retiro del 10% de las AFPs.

Como muestra de la crisis política de la burguesía, la Cámara de Producción y Comercio, liderando un encuentro de casi 40 corporaciones empresariales, irrumpe en la escena política con un planteo de reactivación inédito. Busca incidir en las elecciones y en el debate constitucional promoviendo una pensión básica universal cuyo eje será la restitución de los fondos retirados y el fin al no pago de cotizaciones –todo para apuntalar al régimen de las AFP. Combatir el comercio ambulante, otro de sus ejes, iría de la mano con legalizar una mayor flexibilización laboral, que incluiría un plan de capacitaciones formales sobre la base de fortalecer el negocio de la educación técnico-profesional. Otro eje, sería el de reeditar un nuevo plan nacional de concesiones, aumentar impuestos para reactivar empresas en regiones, y potenciar la inversión para la explotación de recursos naturales.

Tras estas presiones, sobretodo del sector de comercio, el fin al toque de queda promueve las libertades personales para dar rienda suelta al consumo capitalista y a la vida nocturna en las ciudades. Además, el régimen se inclina por redirigir el presupuesto público orientado a las FF.AA y de este modo contrarrestar una crisis de presupuesto fiscal que mermaría en un 22% para 2022, agudizada por las fuertes presiones de los trabajadores del sector público.

En línea con lo anterior, para empujar a los trabajadores hacia el trabajo precario, el Parlamento discute retomar los cortes de servicios básicos (impedidos por ley hasta diciembre) como agua y luz, por no pago de las familias –reglamentando los altos niveles de morosidad. En la otra vereda, luego de acumular grandes niveles de deuda en este respecto tras aprovechar la crisis humanitaria para acumularlas, las empresas podrían ser nuevamente subsidiadas por el Estado.

Aun con una vacunación masiva que alcanza al 70% de la población, los contagios tras “fiestas patrias” aumentan entre un 30% semanal; se espera que a mediados de octubre se vuelvan a registrar 1500 casos diarios. La crisis migratoria se mantiene con 15 mil personas entrando al país en pasos no habilitados, profundizando la crisis de la vivienda. El aumento de los campamentos y tomas de terreno, con crecimientos del 60% en dos años, presentan una gran composición migrante. En este contexto, DF anuncia que los precios inmobiliarios en Chile son de los más altos, con súper arrendatarios que imposibilitan la compra y acumulan negociados en alquileres.

Los nuevos antecedentes de toda la corrupción que ha rodeado la compraventa de la minera Dominga que, en el marco de una investigación periodística internacional, el pasado fin de semana fuera dado a conocer por los medios de comunicación Ciper Chile y La Bot, parece ser el disparo definitivo en la línea de flotación de un gobierno completamente debilitado por la crisis del régimen que se abrió el 18 octubre de 2019. Las fuerzas políticas que aquella vez sostuvieron a Piñera a través del “Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución” hoy se ven permeables a cambiar de opinión. Al desgaste de un gobierno que se ha apoyado mayoritariamente en la represión para contener la emergencia social, se ha sumado su gestión de la pandemia, que en reiteradas ocasiones ha intentado limitar vergonzosamente las ayudas sociales para estimular una rápida reapertura económica, y, además, el gran descontento popular acumulado por las masas que hace dos años atrás irrumpieron en la escena política con la consigna: “Fuera Piñera, Asamblea Constituyente Libre y Soberana”, han abierto el debate en la burguesía a cerca de un ‘impeachment’ o juicio político que buscaría revocar al presidente Piñera.

Por lo pronto en el recuento de daños que comienza a realizar la burguesía, en la portada de hoy (5/10/2021) el periódico El Mercurio ya consigna que el fiscal nacional Abbott, el mismo que es cuestionado por cerrar sin culpables diferentes casos de financiamiento ilegal de la política, ha ordenado a la “Unidad Anticorrupción” analizar los antecedentes del traspaso de Dominga, entre Piñera y su mejor amigo, el “choclo” Delano. También menciona el giro de senadores respecto a la posibilidad de aprobar un cuarto retiro del 10% de las AFPs, haciendo fracasar la campaña del terror orquestada desde La Moneda. Por ultimo, el Proyecto de Ley corta de pensiones se encontraría trabado en el congreso, por lo que el gobierno ha optado por quitar la urgencia de la iniciativa. Un retroceso en toda línea.

En este marco de crisis ha quedado más expuesto el carácter reaccionario de la Convención Constitucional. Como producto del mismo acuerdo político que sostuvo a Piñera en el poder, la CC no se molestara en impugnar los símbolos del corrompido régimen, ya que como han dicho los poderes del estado: está solo para “escribir la nueva constitución”. Esta sigue subsumida en el debate reglamentario, hasta ahora mantiene el quorum de los 2/3, han rechazado los plebiscitos vinculantes y a partir del 18 de octubre espera debatir el contenido de la nueva constitución. A la par, los gremios patronales ya promueven lobbys en su interior, y posicionan a Juan Sutil con una tribuna inédita en los medios de comunicación para incidir en los debates.

Esta crisis también tendrá consecuencias determinantes en la carrera presidencial. El canditato de la familia Piñera, Sebastián Sichel, claramente es el mayor damnificado, cediendo la dirección de la derecha al Kast, fortaleciendo así sus tendencias fascistas. En la oposición, para Yasna Provoste, candidata DC, esta crisis representa una oportunidad de inflar su enjuta candidatura, mientras que para Boric representa un riesgo. Los parlamentarios del FA mirarían con desconfianza una acusación constitucional a Piñera, ya que su candidatura presidencia está diseñada para caminar el “ancho camino del centro” y el respeto a la institucionalidad de los “30 años”, para ellos, bien vale la mantención del corrupto acreditado en el cargo. Lo cierto es que la presente crisis política está lejos de sellarse con las elecciones, más aún cuando se mantienen vivas las tendencias a la rebelión popular, en una sociedad altamente polarizada. La aprobación del cuarto retiro en diputados y la despenalización del aborto, son síntomas del temor al fantasma de la rebelión popular, sin embargo la crisis habitacional, migratoria y de la carestía, sientan un panorama explosivo, donde el futuro gobierno que asuma, lo hará en un cuadro de mayor crisis.

El próximo 18 de octubre se conmemorará el segundo aniversario del estallido revolucionario que abrió el presente periodo político y la revelación de los nuevos informes de corrupción del presidente parece ser estimulo suficiente para avivar el recuerdo del ardor de las masas movilizadas con el objetivo de echar a Piñera. En este marco se revela la certeza y la vigencia de la lucha por el “fuera piñera” como condición indispensable para establecer una “Asamblea Constituyente Libre y Soberana” que nuestra corriente política ha defendido durante el periodo político abierto. Con la conciencia de la oportunidad que presenta esta crisis, es que proponemos el desarrollo de un programa que exprese los intereses de clase obrera, ya que apuntamos a la base de la superación de este régimen en descomposición. Aunando todas las reivindicaciones, se cristalizaría entonces el frente único de lucha. Las asambleas y movilizaciones por la vivienda, por trabajo, por salud, educación y por la defensa de las libertades democráticas, deben coordinarse,  en la perspectiva de confluir en un congreso de bases, desde el cual se voten planes de lucha y la huelga general, donde se realice el balance del proceso de reforma constitucional, la actividad parlamentaria y la vigencia de la alternativa transicional hacia el gobierno obrero y socialista, por medio de la asamblea constituyente, libre y soberana.