Otro crimen al pueblo Mapuche: ¡Justicia por Pablo Marchant!

Escribe Luciano Newen, 10 de julio 2021

A sólo una semana de iniciada la Convención Constitucional encabezada por Elisa Loncon, de escaño reservado mapuche, ayer viernes, a eso de las 17 horas, cae abatido Pablo Marchant, militante de un Órgano de Resistencia Territorial (ORT) llamado Lafkenche-Leftraru, en una acción de sabotaje a la Forestal Mininco. Pablo Marchant, conocido como “Toñito”, fue estudiante de Antropología en la Universidad de Concepción.

Tras la quema de maquinarias y el posterior enfrentamiento ocurrido en una faena al interior del fundo Santa Ana Tres Palos, en la comuna de Carahue, Región de la Araucanía, la primera información indicó que el caído se trataba de Ernesto Llaitul, hijo del ex preso político mapuche Héctor Llaitul –líder y vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). En reiteradas ocasiones, Carabineros y la Fiscalía, sin haber investigado y por tanto sin tener ninguna certeza, difundieron que se trataba de Ernesto. Todos los medios, tanto oficiales como independientes, se apuraron a digitar su nombre en los noticieros.

Cuando todo esto debe investigarse, la gravedad de esta negligencia es justificada producto de que Carabineros disparó a la cabeza del Weichafe, lo cual dificultó su reconocimiento. Debido al grosero daño en su rostro, es probable que, inclusive, le hayan disparado después de capturarlo. Más allá de las “confusiones”, es razonable suponer que, en realidad, era Ernesto el objetivo de las fuerzas represivas. Bien mirado, se trata de tortura psicológica contra Héctor. Por este motivo, su padre y su pareja hicieron todas las gestiones para reconocer su cuerpo en el Servicio Médico Legal. Finalmente, descartaron que se tratara de “Nano”.

El lugar se encontraba sitiado luego de que, durante el jueves, el Alcalde de la Municipalidad de Carahue, Alejandro Sáez Véliz, se reuniera con Carabineros y el representante de la delegación presidencial para la macro zona sur, solicitándoles protección para una empresa constructora que desenvuelve sus operaciones en el lugar, en estrecha relación comercial con las forestales.

Una de las más grandes, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) es una empresa extractivista que produce y vende celulosa, papel, madera y otros productos forestales. Con la venia del Estado, a la fecha ha usurpado más de 483.400 hectáreas de territorio mapuche en Chile. En Argentina, Brasil y Chile, su patrimonio forestal está compuesto por más de 1.100.000 hectáreas. Producto de sus acciones, la CAM ha recuperado más de 17mil.

La guerra civil que ha impulsado el Estado, las forestales capitalistas y el narcotráfico contra el pueblo Mapuche está lejos de detenerse. Ha sido llevada adelante en defensa de las grandes compañías que operan en el Wallmapu, como la CPMC y la SCA –ambas acusadas de colusión. De hecho, en la industria del papel, apodan a la CMPC (empresa de los Matte, una de las 5 familias más poderosas de Chile) como “el matón del barrio”. Es que, además de dominar el mercado con prácticas de colusión y corrupción, los Matte se han visto envueltos en los asesinatos de los hermanos Jorge Mariman Loncomilla y Matías Carique Loncomilla; carabineros y civiles, con recursos estatales, prestan servicios de guardias privados a las forestales.

Naturalmente, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, se limitó a señalar que “espera que no se siga matando a los jóvenes”. Indicando que desconocía el detalle de los hechos, Loncon recordó que en la Convención “sacamos una declaración contra la militarización del Wallmapu, firmada por la mayoría de los convencionales. Y una de sus razones es justamente solicitar que exista un ambiente que nos permita construir lo que estamos mandatados. Pero si vamos a tener la represión de la policía y se va a continuar en esta lógica, no se están dando las garantías para que la discusión y el debate se instale” (sic).

En contraposición al pronunciamiento de Loncon y de las limitaciones de la Convención, hoy y mañana, tanto comunidades mapuche como organizaciones políticas y sociales convocan a movilizarse en diversos puntos del país por libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos mapuche y de la Rebelión Popular. Por Juicio, castigo y cárcel común a todos los responsables, políticos y materiales, de la represión. Por el fuera a las forestales del territorio mapuche y por inmediata restitución de las tierras. Por el respeto al Convenio 169 de la OIT. Por el desmantelamiento de las FF.EE. y el Comando Jungla de Carabineros. Por la desmilitarización del Wallmapu.

Pablo Marchant se erige como mártir de su pueblo, y por su lucha será reivindicado. Ante un nuevo crimen del Estado, la clase obrera, las comunidades originarias y el conjunto de las organizaciones revolucionarias debe discutir en torno a la necesidad de impulsar un Frente Único de lucha, comenzando por convocatorias centrales –no dispersas. Sería una gran oportunidad para comenzar un proceso de intercambio de materiales programáticos, para realizar actos de agitación política y denuncia, iniciar un proceso de debate en torno a un programa que contemple los puntos anteriores, y para diseñar un plan de lucha para la conquista de todos los reclamos postergados. Para poner fin a la represión en poblaciones, comunidades y centros de trabajo, se precisa marchar hacia un Congreso de bases de trabajadores y desocupados del campo y la ciudad, que emplace la lucha por una huelga general. La unidad de la clase obrera con los pueblos originarios, es primordial.