La última cuenta de Piñera

Escribe Partido obrero revolucionario, 02 de junio del 2021

La gestión capitalista de la pandemia golpea con un promedio de 8.500 contagios y un centenar de muertes al día. A la fecha ha habido casi 1.400.000 contagiados por coronavirus y las muertes por su causa ascienden a casi 30mil –aun cuando hay más de 10 millones de personas con segunda dosis de vacunas. En el país, hay solo 178 camas UCI disponibles y la positividad del virus alcanza al 9%.

Según las cifras oficiales que embellecen la realidad capitalista, el desempleo alcanza a un 10% en el país. Sin embargo, hay menos de 3 millones de personas con trabajo formal –y la tasa de desempleo potencial se eleva al 20%. Como elemento de comparación, para la crisis de 1983 la desocupación alcanzó al 15%. En este marco, la última cuenta pública anual Piñera da cuenta de un gobierno que, inmerso en la crisis más grande que ha conocido el país, tiene la desfachatez de elogiarse a sí mismo. La jornada devela a un gobierno que se sostiene sobre otras fuerzas políticas, y que no tiene manera de garantizar siquiera las más mínimas necesidades para la supervivencia de la clase obrera. Sólo ajustes y represión se desprenden del fondo de su discurso demagógico. Rindiendo culto a la democracia –en un marco de reforma constitucional-, Piñera, negando la existencia de presos políticos, plantea que resguardará los derechos humanos creando nuevas instituciones solo para justificar mayor presupuesto a la represión a la juventud y al pueblo mapuche en pos del orden público. Sostiene la “defensa de la niñez y a juventud”, cambiando al SENAME simplemente el nombre y manteniendo en la impunidad a los violadores de DDHH. Defiende el matrimonio homosexual para apuntalar la concepción burguesa de la familia, etc., todas medidas que apenas rosan algunas cuestiones que dejó planteada la rebelión popular, para dejar todo igual. De todos modos, la verdadera cuenta la pasó la militancia y el activismo que irrumpió esta jornada en diversos puntos del país exigiendo la libertad de los pp, el juicio y castigo a los responsables por los crímenes de lesa humanidad, y contra la impunidad.

Durante la semana pasada, en una entrevista a diario El mercurio el Ministro de Economía Lucas Palacios sostuvo que en un proceso de vacunación rápida el pase de movilidad (carnet verde) es importante porque apunta a anular las restricciones después de dos semanas de la segunda vacuna para volver “a la normalidad”. El planteo busca blindar al ministro de salud Paris, de gran responsabilidad política en la crisis sanitaria actual, y quitarle responsabilidad al Estado, traspasándola a cada persona bajo el manto de que “esto está en manos de todos”. En el fondo, busca dinamizar el comercio a costa de que los trabajadores convivan con el virus.

En este marco, el Colmed se marginó de la mesa social COVID –constituida en marzo del 2020- y criticó el manejo de la pandemia por parte del gobierno, cuestionando medidas como el pase de movilidad en un marco de altas cifras de contagio y fuerte presión sobre la red asistencial de salud. Señaló que el gobierno implementa decisiones sin consultarle, como ocurrió con el permiso de vacaciones, la apertura de fronteras y el reciente pase de movilidad –a las cuales catalogó de imprudentes por tomarse en espacios sin actas ni expertos.

Cuando se proyectan 10mil casos y 150 muertes diarias en las próximas semanas, el MINEDUC mediante el Ministro Raúl Figueroa, sostuvo que “ahora que se hicieron las elecciones no hay excusas para que las escuelas se mantengan cerradas si no hay cuarentenas”. Todo esto, tras publicarse el resultado del Diagnóstico Integral de Aprendizajes que aplicó la Agencia de Calidad de la Educación, que arrojó que estudiantes de 6to básico a 3ro medio no alcanzaron el 60% de los aprendizajes en Lenguaje y Matemática. Con estos argumentos, Figueroa advirtió sobre la posible suspensión de las subvenciones escolares para forzar el ingreso a clases presenciales en las comunas después de las vacaciones de invierno. Como respuesta, un grupo de 18 alcaldes de la oposición emitió una carta de rechazo a las presiones económicas del gobierno. Jadue, Sharp y otros alcaldes electos sostienen que, frente al colapso de camas UCI y las altas cifras de positividad y contagio en el país, es imposible prever cual será la situación sanitaria en los meses más fríos del año –que como es sabido, sin coronavirus, ya era crítica. Por esto, propone repetir el protocolo de retorno paulatino que ya fracasó en su primera implementación precisamente por disparar los contagios, bajo la fórmula de evaluar con la comunidad educativa las oportunidades para el retorno, si es que están las condiciones (sic).

La burguesía está desesperada por retomar la actividad económica capitalista. El combustible registró su 26ava semana consecutiva al alza –un 13% en el año. Incide el precio internacional del petróleo, considerando que prácticamente todo el que consume Chile es importado. A lo anterior, se suma el aumento del dólar en el mercado cambiario debido al resultado de las elecciones.

Países de la OPEC, como Rusia, no han aumentado su oferta de petróleo para que los precios se mantengan elevados. Además, en el plano financiero, las grandes emisiones al rescate capitalista y las bajas tasas de interés, entre otros factores, ha llevado a los inversionistas a buscar activos de mayor riesgo entre los cuales están los commodities como el petróleo. Se pronostica que en las primeras semanas de julio el precio ronde en torno a los $1.000 en las bencineras. El bloque del gobierno presentó una moción que busca reducir el impuesto específico a las gasolinas a la mitad mientras dure la emergencia sanitaria. Cabe recordar que este impuesto, que también pretendía ser “transitorio”, fue instaurado en la dictadura para el objetivo de reconstrucción post terremoto de 1985, que no gravó a la gran industria como el cobre y que se ha estado aplicando durante 35 años. Su admisibilidad fue aprobada la semana pasada y comenzará su tratamiento en la comisión de hacienda de diputados.

A medida que se recupera la economía capitalista mundial, los precios de las mercancías continuarán aumentando, impactando en la suba inflacionaria y la devaluación de los salarios. Para amortiguar este impacto en el bolsillo de la familia obrera, la izquierda parlamentaria, por su parte,  se limita a proponer retoques cosméticos como la fijación de precios -medida criticada en Argentina por aplicarse a reducidos productos de la canasta familiar y por provocar el desabastecimiento de los supermercados para posicionar a las marcas fuera de los “precios cuidados”.

Frente a esto, es fundamental que el conjunto de los trabajadores discuta, se reagrupe y organice en torno a un programa. La situación política plantea crear y multiplicar los sindicatos y comités de lucha, y la elección de delegados electos por votación en asambleas –que discutan un salario mínimo indexado a la inflación en todos los centros de trabajo-, para afrontar los procesos de negociación colectiva y preparar la Huelga General armados de un programa que contemple la reindustrialización del país mediante la expropiación sin resarcimientos de la gran industria del cobre y la banca, bajo control obrero; el aumento presupuestario general para salud, educación y vivienda; el pase a planta de todos los trabajadores  y por el fin del subcontrato, los despidos, recortes y suspensiones; la reincorporación laboral inmediata de todos los trabajadores desvinculados; el no retorno a clases presenciales, cuarentenas efectivas garantizadas por el Estado, junto al reconocimiento de la insalubridad de las tareas con disminución de horas sin afectar el salario; un sistema previsional estatal con aporte exclusivo patronal que asegure el nivel de la canasta familiar, bajo control de trabajadores y jubilados; el control obrero de precios y apertura de libros contables de las grandes cadenas, y todos los reclamos más urgentes.  

Las centrales sindicales combativas, confluyendo con el programa obrero y socialista de todos los sectores en lucha, deben tomar en sus manos la perspectiva de convocar a un Congreso de bases del movimiento obrero mediante el asedio a la burocracia sindical en pos de la recuperación de los sindicatos, y desarrollando un claro planteo de poder:

Huelga General
Fuera Piñera
Asamblea Constituyente libre y soberana
Por un gobierno obrero y socialista!