La crisis de las coaliciones políticas de cara a las presidenciales

Escribe equipo de redacción, 29 de octubre del 2021

El quiebre en la derecha se manifiesta por el ascenso en las encuestas de  Kast que comienza a desplazar a Sichel, que  ha llevado a este último a hacer públicas una serie de diferencias programáticas, acusando al Partido Republicano de presentar una “antigua derecha del siglo XX”. La tensión se presenta cuando los integrantes de Chile Podemos Más pidieron bajar las críticas y dar libertad de acción en el voto, produciéndose el “descuelgue” de candidatos ante el llamado a integrar el gabinete en caso de ganar las elecciones. Kast ha obtenido el apoyo del capital financiero internacional y la burguesía nacional, soltándole la mano al candidato “independiente”. La promesa de garantizar el programa que no pudo realizar Piñera está teniendo vía libre ante la ausencia de una delimitación de las otras fuerzas en carrera electoral. La situación podría implicar, a su vez, un corrimiento del electorado centrista hacia Yasna Provoste.

La campaña de Provoste ha sufrido un duro revés. En el Nuevo Pacto Social, el debate en torno a las AFP provocó que varios senadores se manifestaran en contra. Es el caso de Carolina Goic de la DC y su rechazo a un nuevo retiro, que encendió la alarma por una posible división en el partido, con acusaciones de deslealtad por el impacto negativo que podría generarse en la intención de votos. Otro foco de conflicto es la renuncia de Celis al PPD, quien apunta al partido como “responsable directo” de no poder participar en la reelección a la Cámara, pidiendo que su electorado apoye la candidatura de Boric; su viraje sin principios busca de manera oportunista integrar un futuro gabinete de Apruebo Dignidad.

En Apruebo Dignidad (AD) la tensión de la semana se debe al infortunio de Jaime Mulet (FRVS), quien  a pesar de que a fines de septiembre anunció no presentase como candidato a Diputado tras la acusación por delito de cohecho pasivo que se encuentra en curso judicial, este domingo presentó su candidatura. Previendo un impacto negativo en las encuestas, Boric aseguró que no lo apoyará. Sin embargo, el FRVS sostuvo al acusado, por la causa de recibo de dinero para que la minera Candelaria no tuviera objeciones ambientales por parte del municipio de Tierra Amarilla, y así poder concretar las operaciones. Haciendo vista gorda de esto, en materia de corrupción, cualquier delimitación de AD con Piñera y el acuerdo de Dominga quedan para la tribuna electoral. Por otro lado, las inconsistencias del programa de Boric  se evidencian en su postura de criminalización a los luchadores el 18-O último, antecedido por el voto a la ley anti-protestas, por su cuestionamiento a los presos políticos y el repudio de éstos tras su visita al penal Santiago 1, pero fundamentalmente por garantizar el programa de rescate capitalista, como lo es su nula delimitación en torno al recorte del presupuesto 2022,  su ausencia en el debate pre-presidencial con respecto al estado de excepción en la Araucanía, por su política de especulación con el abultado presupuesto para obras hídricas, por el rol de su partido en la dirección de la CUT que avala el Código Laboral, y en la CC donde garantiza el acuerdo por la Paz de Piñera.

Sin corrupción y sin depredación ambiental no pueden gobernar

El tercer intento de acusación constitucional contra Piñera planteaba dos variantes: darle tratamiento exprés para intentar sellar la crisis política, o estirarla hasta después de las elecciones, finalmente se presenta esta ultima. Sucede que los acuerdos ilegales para permitir la depredación en zonas protegidas se presentan no solo en Dominga, sino en Araucanía, en la explotación marítima de las salmoneras, y en el proyecto Imán –que implica a todas las coaliciones electorales en curso. Las medidas de aprobación del TPP-11 van en la misma sintonía depredadora. Por otro lado, los parámetros del acuerdo por la paz social planteaban el rescate del régimen y su institucionalidad, manteniendo a Piñera hasta fin de su mandato. Con endebles armados electorales, ninguna variante del régimen puede hacerse cargo de una salida precipitada del gobierno sin que esto abone a la fragilidad de la contención de la CC. Ante el fantasma de la rebelión popular y la asamblea constituyente, los partidos del régimen intentarán pilotear la crisis por vía electoral, hacia un próximo gobierno tambaleante y que plantea mayores ajustes a la clase obrera.

La CC, en este cuadro, oficia de cartón pintado. Mediante su vicepresidencia, la injerencia del FA se refuerza con el PS y escaños “independientes” en las principales comisiones. La promesa de cabildos abiertos para mandatar a la CC está siendo reemplazada por instancias sobre debates de nacionalizaciones de recursos dentro de los límites de respeto a los tratados internacionales y sin asomar consignas vinculadas a la expropiación, o sea sin indemnización y bajo control obrero. Otros espacios, relacionados con la comunidad LGBTI+, se levantan para mantener cautivo al activismo con declaraciones del tipo regulatorio. De igual forma, las convocatorias a sindicatos y trabajadores siembran ilusiones de mejoras en las condiciones laborales; sin condenar el Código Laboral, no plantean un programa y un plan de movilizaciones, y mantienen los conflictos aislados sin luchar por el desprocesamiento de los luchadores y el fin a la represión.

En estas elecciones: asamblea constituyente libre y soberana y el programa obrero y socialista

La  masiva movilización a dos años del estallido fue precedida por la toma de Chuquicamata contra el subcontrato y la precarización laboral, por el congelamiento de salarios y despidos, y contra la exposición de la pandemia, situación que generó un reguero de huelgas en diversos rubros. A pesar de las trabas de las centrales sindicales de desarrollar un programa donde confluyan las demandas, y deliberado en asambleas de base o un congreso nacional, los conflictos han madurado políticamente.

Las movilizaciones frente a la persecución chauvinista y xenófoba a las violentadas masas migrantes que son contratadas de manera informal y que deben tomar terrenos por su incapacidad de pagar arriendos, han colocado las luchas por el otorgamiento inmediato de residencias, por el contrato laboral y el derecho a la vivienda como fundamentales. Por otro lado, la resistencia del Pueblo Mapuche y de ambientalistas refuerzan las demandas por la autodeterminación de los pueblos originarios, por la desmilitarización, y por la defensa del medio ambiente frente a las empresas explotadoras. A su vez, la defensa de las libertades democráticas, la libertad del conjunto de las y los presos políticos, el desmantelamiento de las fuerzas represivas y el juicio y castigo, son consignas constantes de las movilizaciones en curso. 

El 4to retiro, si bien interesa a aquellos sectores que aún tienen fondos, implica una lucha mayor. El agotamiento del modelo previsional que el régimen plantea rescatar por el banco central, ya está generando quiebras de diversas entidades financieras. Frente al debate en torno a un sistema tripartito que implica que los trabajadores aporten con descuentos a sus salarios, el  financiamiento estatal donde los trabajadores aporten con sus impuestos y un menor porcentaje de las patronales, oponemos un sistema estatal único bajo control de trabajadores y jubilados, con aporte exclusivo de los empleadores, a nivel de la canasta familiar e indexado a la inflación.

Las necesidades impostergables de los trabajadores y las luchas en curso colocan sobre la mesa la premura de una salida obrera e independiente de todos los programas de rescate capitalista y democratizantes que enarbolan las variantes electorales, que avizoran un próximo gobierno de colaboración e impunidad. Estas reivindicaciones que van madurando al calor de las luchas, son el cimiento de un programa que debe deliberarse y definirse entre los trabajadores, es decir, en un congreso de bases por la huelga general y por una Asamblea Constituyente libre y soberana.