Juan Sutil y la guerra contra el pueblo mapuche: la obscenidad del lider gremial contra los oprimidos

Escribe: Felo, 14 de Julio de 2021

La trágica noticia de la muerte de un combatiente Mapuche nos llegó el viernes 9 de julio ya acabando el día. Fue en un acto de sabotaje de los Órganos de Resistencia Territorial de la Coordinadora Arauco Malleko, en contra del capital forestal que está depredando el Gullumapu. No había identidad de quién cayó, incluso las autoridades, en un acto de torpeza o simple manipulación, entregaban el nombre del hijo de Héctor Llaitul, histórico líder de la CAM. Después de horas, se confirma (nuevamente) que la identidad del caído en combate era Pablo Marchant, joven rebelde de 29 años.

La Araucanía se presenta como un Estado de guerra permanente, militarizada por la policía chilena, quienes, cumpliendo su rol histórico, defienden la explotación y depredación de la zona. Bajo este escenario, las comunidades Mapuche en resistencia utilizan la legitima violencia en contra de los ataques del Estado capitalista, resistencia que ha costado la vida de varios Weichafes caídos bajo las balas apuntadas por los empresarios, y disparadas por las fuerzas represivas. Pero ante la conmoción provocada frente a la caída de un miembro de la CAM, donde las fuerzas represivas prácticamente ejecutaron a Pablo, surgió un destacado y despreciable líder gremial sacando a relucir toda la infamia que caracteriza a la clase empresarial chilena: Juan Sutil. Sin admitir más detalles que los pocos antecedentes de la muerte de Pablo Marchant, Juan Sutil no estimó que fuera demasiado tempano para vomitar calumnias y ataques contra las organizaciones Mapuche que se levantan contra la explotación capitalista en la Araucanía.

Pero esto último no nos debería extrañar. Juan Sutil es miembro de la patronal ligada a la explotación del campo, además “Participa en unas 37 empresas agrícolas. (…) busca posicionarse en la Araucanía con sus proyectos agrícolas, y además impulsa la Carretera Hídrica- un proyecto con una inversión estimada de 30.000 millones de dólares- que es cuestionada por diversas comunidades indígenas” . Los intereses de Sutil en la Araucanía son innegables, y eso explica la virulencia de sus declaraciones.

El acto de sabotaje que dejó a un Weichafe asesinado, y un trabajador al borde de la muerte, fue aprovechado por Juan Sutil para exponer toda su esencia de clase al justificar la muerte de Pablo Marchant, y glorificar la represión que hace carabineros en la Araucanía. En una entrevista publicada el 12 de julio, juan Sutil dijo a El Mercurio respecto al crimen en el sur de Chile “esto no es un asesinato, es un acto de combate”, aludiendo a que carabineros “actuó correctamente”. . Según la información que manejamos del caso, Pablo Marchant recibió un disparo en su cara a menos de tres metros de distancia, sumado a que los uniformados que participaron de su asesinato no portaban las cámaras GoPro requeridas para los procedimientos de esta naturaleza. Así, queda en la incógnita una descripción detallada de los hechos, donde las investigaciones de la PDI ni siquiera han arrojado resultados clarificadores de lo ocurrido en el fundo Coy Coy en Carahue.

Frente a esto ¿dónde está el actuar correcto de carabineros? Para Sutil, exponente vil de una clase dominante en descomposición, el actuar correcto de las fuerzas represivas está en haber asesinado a un combatiente mapuche que realizaba actos de sabotaje. El líder de la CPC prefiere a un mapuche muerto antes que sus intereses capitalistas, que históricamente han depredado la zona, sean tocados. Juan Sutil se apresura en condenar la violencia “venga de donde venga”, pero hace vista gorda a la violencia que tienen que vivir las comunidades mapuches sumidas en la precarización de toda su existencia material, sumado al estado de militarización en que se encuentra el Gulumapu.

Pero no solo eso. En la misma entrevista, el líder gremial levanta otro “argumento” para justificar el asesinato del Waichafe Pablo: “(carabineros) legítimamente defendió a los trabajadores que están realizando sus labores, ganándose el pan de cada día”. Es difícil pedirle al lector que guarde los sentimientos de vergüenza ajena y desprecio a la hipocresía, teniendo en cuenta que Sutil, durante todo su mandato a la cabeza de la CPC, ha despotricado frases que atentan contra la dignidad misma de los trabajadores de Chile y el Gulumapu. Así, el 23 de noviembre del 2020, el jefe de la CPC acusaba que “las personas no quieren trabajar”, debido a que “no quieren perder los beneficios del Estado” . Bajo esta lógica, las precarias y miserables condiciones de trabajo, la crisis sanitaria, y la ausencia completa de seguridad social al que están expuestos los trabajadores no serían la razón para que “la gente no quiera trabajar”, sino, que, para los empresarios, la razón es que ¡los chilenos quieren vivir del Estado!, el mismo triste discurso añejo al que se acusaba -y acusa- a los comunistas y revolucionarios durante toda la historia de lucha de clases entre obreros y explotadores burgueses.

Pero, a pesar de todo, Juan Sutil lleva razón al decir que Pablo Marchant murió “en combate”. Las declaraciones del líder de la CPC dejan en evidencia que los capitalistas están conscientes sobre la lucha de clases que se desarrolla en el país, y en el mundo. El empresariado sabe que, de no conseguir sus fines mediante el sistema de representación democrática que ellos mismos han moldeado, son capaces de recurrir a la violencia con tal de defender sus privilegios. Esto último debería ser una advertencia a los explotados y todas las luchas que se desarrollan en el territorio, para develar el verdadero carácter de las contradicciones de clase, y las consecuencias a las que nos vemos enfrentados cada vez que hay una crisis de hegemonía. El Estado chileno empresarial es experto en recurrir a la represión, el terror y la muerte para defender las relaciones sociales de producción, aun cuando su propio desarrollo lo único que hace es engordar los bolsillos de los asociados a la CPC, a costa de la precarización de los trabajadores, mujeres, jóvenes populares y pueblos originarios. Y no es menor denunciar que, a pesar de la defensa del Estado de Derecho que hacen las autoridades estatales y empresariales -Estado de Derecho construida bajo las lógicas de la dictadura militar que le dan características de Estado policial-, que sueñan con un Estado de sitio permanente en la zona, ha sido el mismo Estado chileno el que no ha cumplido con las normativas internacionales vigentes que exige el Convenio 169 de la OIT, al cual está suscrito el país.

Los trabajadores y pobres del campo y la ciudad deben comprender que la solución a la violencia estructural y cotidiana a la que se enfrentan día a día pasan por la creación y fortalecimiento de organizaciones independientes de la clase obrera, que sobrepase a las burocracias sindicales y sociales que solo apaciguan un conflicto que permite a los empresarios estar mejor armados para aplastarnos. La Rebelión de octubre del 2019, y la posterior crisis sanitaria ha dejado al descubierto el carácter de clase del Estado, beneficiando a las grandes empresas, y obligando a los trabajadores a pagar la crisis. En este mismo sentido, ninguna conquista vendrá de la participación en los espacios democráticos acordados por la burguesía, ya que estos espacios solo se crearon para sostener el decadente régimen político en descomposición, que ha visto un respiro en la Convención Constitucional. Pero, entendiendo que existe una gran masa de explotados que aún legitiman -pasiva o activamente- estos espacios, se requiere tener una política de desenmascarar su esencia misma, y plantear espacios de politización y poder de los oprimidos que se desarrollen fuera de los marcos institucionales burgueses.

La lucha por la autodeterminación Mapuche en el Gulumapu necesita de la articulación con los trabajadores en los espacios del capital forestal y agrícola, con una perspectiva clara de expropiación y poner la producción bajo control obrero. Las comunidades Mapuche llevan un paso adelante con la ocupación de fundos, reivindicando el derecho ancestral y económico en la misma acción. Solo atacando los intereses del capital se pueden dar las bases para la solución a los conflictos en la zona, y en el resto del territorio. Además, será la única forma de exigir juicio y castigo a los responsables del terrorismo de Estado en la Araucanía, y que los procesos no caigan en vergonzosas penas que los asesinos con uniforme cumplen en libertad “vigilada”, con la opción de retomar sus funciones, que también dejan intactos a los responsables intelñectuales y políticos de la violación a los DD.HH. Pero esto último no es solo parte de proyecto, sino que es una necesidad: la depredación capitalista que atenta contra la calidad de vida de las comunidades mapuche, que tiene en la precarización a gran parte de las masas explotadas, y que daña el ecosistema y los recursos naturales, solo se pueden frenar quitándoles el poder a los empresarios.

Enfrentar al Estado burgués pasa por enfrentar a la CPC y al empresariado chileno y transnacional que opera en el país, y preparados para sus ataques que, como lo demuestra la historia, abusan de transgredir sus propias “normas de convivencia” usando los métodos más despreciables que atentan contra la propia integridad misma de la humanidad. En consecuencia, necesitamos organizar un Frente Único de lucha, que agrupe todas las reivindicaciones para poner en nuestras manos la iniciativa de transformaciones que den las condiciones de emancipación de los oprimidos.