El nuevo alcalde y la crisis de la derecha

Por: Felipe Godoy, 27 de agosto de 2020.

La elección del concejal Ignacio Pozo (PR) como nuevo alcalde suplente de Antofagasta ha agregado un nuevo episodio local a la brutal crisis política por la que atraviesa la derecha en Chile. Así, a la deshonrosa destitución temporal de Karen Rojo por malversación de fondos, se agrega hoy la elección del nuevo alcalde suplente, como nuevo hito del derrotero político de la coalición de gobierno.

Como es de conocimiento público, el 12 de junio de 2020, se acusó a la entonces alcaldesa de Antofagasta Karen Rojo por los cargos de fraude al fisco y negociación incompatible en el caso Main, debido a la posible utilización de recursos provenientes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) y de la Corporación Cultural de Antofagasta (CCA) para costear el pago de una asesoría política en el marco de la elección municipal en 2016. En ese entonces, estalla una lucha política al interior del municipio, encabezada por 4 concejales de centroizquierda para que se “inhabilitara” a la alcaldesa de su cargo, quienes recurren al Tribunal Electoral Regional, la Dirección de Control de la Municipalidad de Antofagasta y finalmente, la Contraloría General de la República -organismos que terminan manifestándose a favor de la salida de Rojo, que se concreta el 31 julio, asestándole un terrible golpe al oficialismo en la ciudad.

Producto de la destitución el 4 de agosto, según lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional sobre las Municipalidades, se realiza una sesión del Consejo Municipal con el objeto de elegir al nuevo alcalde suplente de entre sus miembros. Aunque por una cuestión matemática se podría haber esperado un empate técnico entre los contendientes, el candidato de derechista Gonzalo Santolaya (UDI) es finalmente derrotado con dos votos -de Feliz Acori y Luis Aguilera-, ambos de Renovación Nacional, obteniendo con esto Ignacio Pozo (PR) la mayoría y el cargo de alcalde suplente mientras dure la incapacidad temporal de Karen Rojo, o bien hasta que expire su periodo en abril de 2021.

La votación de los derechistas de RN contra su propio aliado de la UDI a nivel municipal, da cuenta de la misma situación que se hizo presente en la votación por el 10% -que se terminó imponiendo con la votación de parlamentarios de Chile Vamos (la coalición de gobierno) a pesar de los llamados del ejecutivo. Por su parte, el conjunto del régimen tiene plena conciencia de su inminente ruina; el miedo al llamado “estallido 2.0”, marcado por las posibilidades revolucionarias abiertas con la rebelión de octubre, agudizan, entre otros elementos, la polarización política de la derecha chilena.

En este cuadro, la crisis política piloteada por un gobierno quebrado y sobre una economía en picada libre terminará poniendo los límites a la política del nuevo alcalde Pozo (PR), “hombre de consensos”, quien intentará conciliar lo irreconciliable en una situación que ha dejado en evidencia los efectos de los “acuerdos” llevados adelante durante casi 30 años por la misma casta política de siempre; la desnacionalización de los recursos naturales, la constitución anti-democrática, la creación de la AFP, la privatización de todos los derechos sociales -tales como la educación, la salud, la vivienda e incluso el agua-, no fueron solamente obra de la dictadura militar, sino que también una política que perfeccionó la misma Concertación, y el mismo Partido Radical donde hoy milita el nuevo alcalde.

La crisis de la derecha y los límites de una “política de consensos” -en la crisis económica más severa que ha conocido la historia moderna-, crean finalmente condiciones favorables para que la clase obrera y los pueblos oprimidos puedan elaborar su programa y llevar a cabo las transformaciones profundas que necesitan realizar. En este respecto las masas ya se dieron un camino: el ¡Fuera Piñera! y la Asamblea Constituyente Libre y Soberana; consignas que, desde el POR, creemos que se abren las posibilidades históricas para establecer un Gobierno de la Clase Trabajadora, único garante político para la implementación de las medidas que los trabajadores y el pueblo reclaman.