A 7 años del asesinato de Juan Pablo Jimenez: seguimos por el ¡Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales!

Por Partido Obrero Revolucionario, 21 de febrero de 2020.

El 21 de febrero de 2013, con 35 años de edad cae asesinado al interior de las dependencias de su trabajo, y por un disparo directo a la cabeza, el presidente del sindicato N°1 de la empresa subcontratista de electricidad, AZETA. De inmediato la prensa sensacionalista, la PDI, fiscalía y el ministerio público levantaron la tesis de que Juan Pablo murió por efectos de una “bala loca”, disparada desde un enfrentamiento en la Legua a 1035 metros de distancia, y cuyo responsable sería un menor de 16 años detenido como presunto autor del disparo, formalizado además por homicidio simple y porte de munición.
La teoría oficial que postuló la PDI respecto al asesinato fue profundamente cuestionada, en tanto la investigación no determinò ni el arma, ni el calibre que impactó al dirigente sindical. La nula rigurosidad del proceso investigativo, llevó a la familia a un peritaje independiente cuya tesis sostiene la imposibilidad de que una bala disparada a 1 km de trayectoria haya dado muerte a Juan Pablo. Los contradictorios informes, sumado a los antecedentes que dio la familia en 2015 tras la aparición de un papel enrollado en la animita de Juan Pablo, da a conocer que el presunto asesino habría sido un trabajador contratado un mes antes por la quebrada AZETA, quienes, en noviembre del 2013 ya habían extendido la petición de quiebra siendo sentenciada en marzo de 2014.

La Lucha de Juan Pablo

AZETA era una empresa eléctrica subcontratista de Chilectra S.A, que al 2013 concentraba más de 50 denuncias por prácticas antisindicales, incumplimiento de pagos previsionales, despidos injustificados y extensas jornadas laborales denunciadas por los mismos trabajadores. Juan Pablo, joven y enérgico sindicalista, luchaba por la reincorporación de los trabajadores despedidos, y contra el régimen de subcontratación que flexibiliza y ultraprecariza el empleo, dejando a miles de trabajadoras y trabajadores con sueldos de hambre e indignas condiciones laborales. La pelea del dirigente quien trabajó en AZETA durante 10 años, fue siempre de frente contra el régimen laboral que engendró la dictadura, y que los gobiernos de la Concertación profundizaron con todo el amparo de la ley a favor de los patrones, logrando reducir de manera significativa los costos de las empresas por la vía de la tercerización y el trabajo flexible. Las históricas huelgas de los subcontratados de Codelco en ese marco, colocaron al centro del debate la precarización de la vida por efectos de las políticas de flexibilización que posteriormente denunciaria Juan Pablo; por esto Lagos, con apoyo de la CUT y el presidente de la época Arturo Martínez (PS), promulgó en 2006 la ley de subcontratación y servicios transitorios para “regular” el trabajo tercerizado.
La CUT, refundada el 88’ bajo la dirección de la DC y el PC, a la fecha ha mantenido completa complicidad y responsabilidad con las reformas y políticas antiobreras levantadas indistintamente por todos los gobiernos postdictadura. Juan Pablo también combatía la burocracia en el movimiento obrero. Desde Aylwin a Bachelet y Piñera, todos han desvalorizado el trabajo, atacando además la capacidad de negociación de los sindicatos. La reforma laboral de Bachelet en 2016, orquestada con bombos y platillos por el PC y la CUT de Bárbara Figueroa, puso fin al impulso huelguístico abierto desde 2006 con Codelco y las forestales, que, desde la instalación de la reforma, comenzó a decaer abruptamente de 464 huelgas legales desde que se aprueba la reforma, a un 2018 que alcanzó sólo 269 -según el Informe del Observatorio de Huelgas laborales en Chile (2019)-. Los servicios mínimos, el eufemismo para encubrir el reemplazo en huelga, fue la medida que presionó a cientos de sindicatos a negociar ofertas miserables por la dificultad que podía presentar a la huelga, los reemplazos y la efectividad misma de la paralización.

Una política criminal del Estado contra la independencia política de las y los trabajadoresComo Juan Pablo han sido decenas los dirigentes sindicales y comuneros mapuches asesinados en “democracia”, quienes han sufrido los embates de los patrones y los gobiernos capitalistas de mano a la burocracia sindical y las fuerzas represivas que se alzan para frenar el ascenso y el fortalecimiento de las organizaciones obreras frente a la crisis, y la miseria social que se extiende como pandemia por todo el planeta. Conmemoramos entre tantas luchadoras y luchadores, las muertes de los comuneros Alex Lemún (2002), Matías Catrileo (2008), Jhonny Cariqueo (2008), Camilo Catrillanca (2018), el obrero forestal Rodrigo Cisternas acribillado por Carabineros en 2007, Marco Cuadra, inmolado en 2014 denunciando las humillaciones y las malas condiciones laborales del Transantiago, Nelson Quichillao, obrero del cobre asesinado por fuerzas especiales en 2015, Macarena Valdez “la negra”, ambientalista mapuche asesinada en 2016 y Alejandro Castro, dirigente sindical del Sindicato de Pescadores de Quinteros S-24 asesinado en 2018 por luchar contra la contaminación y las zonas de sacrificio. Ambos, la negra y “el mecha”, muertos por supuestos “suicidios”, lo que viene a encubrir la responsabilidad de las patronales y las burocracias sindicales que, amparadas en el Estado, atentan contra la vida de las y los luchadores con total impunidad.

La rebelión popular de octubre y las perspectivas para un movimiento obrero que debe convertirse en clase dirigente

Las luchas que Juan Pablo y muchos otros dirigentes/as
asesinados encarnaron contra las distintas expresiones de la superexplotación del trabajo, las pésimas condiciones laborales, los bajos salarios y la deuda que arrastra a la clase obrera a la supervivencia extrema, no fueron en vano. Todas las luchas del pasado reciente que han dado las y los trabajadores, incluida la juventud contra las políticas antiobreras, el ajuste y la carestía de la vida, maduraron en un frente común por el Fuera Piñera y una Asamblea Constituyente soberana, dando forma a las jornadas de octubre y las luchas posteriores. Con millones en las calles rechazando los más de 30 años de privatizaciones pinochetistas, el embrionario movimiento obrero que vuelve a la escena tras las masacres de la dictadura, ha salido de su resignación política desbordando a la burocracia con el impulso de la huelga general, el paro nacional, cortes de ruta y cientos de asambleas para enfrentar la crisis de régimen y la brutal represión estatal que Piñera dejó caer sobre las masas.
La reaparición de los métodos históricos de lucha de la clase obrera, combinado con los nuevos que impulsa la juventud, abren toda una perspectiva para que el movimiento obrero intervenga la situación política con plena independencia de clase. La posibilidad histórica que se abre de cara al 26 de abril, no se limita a las condiciones que impone el gobierno respecto al proceso constituyente, sino, a la posibilidad de que la clase trabajadora intervenga el proceso con una perspectiva de poder y un programa propio, el que las masas han desarrollado en las calles resistiendo las detenciones ilegales, los golpes, la tortura, los ojos mutilados y la muerte. El fin a todo vestigio de la dictadura solo será obra de un gobierno de trabajadoras y trabajadores, por esto y por todas y todos los caídos este 8 y 9 de marzo a desarrollar una gran huelga general por la conquista de todos los reclamos postergados y por una Asamblea Constituyente, libre, soberana y con poder. Por Juan Pablo, la negra y el mecha ¡Juicio y Castigo a todos los responsables de las muertes obreras! ¡Abajo la impunidad de las patronales y la burocracia! ¡Que la crisis la paguen los capitalistas! ¡Hasta la victoria siempre!