8M: Por las reivindicaciones de las mujeres trabajadoras, vamos por una verdadera asamblea constituyente libre y soberana

Por Comisión de Mujeres del POR, 3 de marzo de 2021.

Se avecina una nueva jornada de huelga en el marco de la conmemoración del día internacional de las mujeres trabajadoras, marcada por una profunda crisis económica y pandémica que ha puesto a las mujeres en el centro de la precariedad y los embates de la crisis. El movimiento de mujeres, desde hace algunos años, ha marcado el pulso de una nueva etapa política, cruzada por el despertar de millones en el mundo entero con rebeliones en contra del régimen, la violencia, ajustes y represión sistemática a la que hemos estado sometidas junto al conjunto de la clase trabajadora.  Este nuevo 8 de marzo, nos pone por delante una tremenda tarea de continuar organizando una salida obrera y socialista de enfrentamiento contra el régimen. 

Nos sobran los motivos

La actual situación de las mujeres trabajadoras, está marcada por los altos niveles de precarización y de doble explotación que se han agudizado producto de la bancarrota económica internacional y la pandemia del COVID-19.  La reducción salarial y laboral en el campo de los trabajos “feminizados” alcanza el 49% y de todos los puestos que se han reducido, son las mujeres las que han resultado más golpeadas dentro del conjunto de la clase trabajadora. Sumado a lo anterior, diversos estudios señalan que serán puestos “difíciles” de volver a retomar, ya que la flexibilización laboral ha permitido la misma productividad en menos manos. El teletrabajo, la automatización y la polifuncionalidad han sido las principales políticas que el Estado ha llevado adelante para la destrucción del trabajo formal feminizado, empujando necesariamente al trabajo informal a miles de mujeres. Fin inmediato a la flexibilización laboral y a la polifuncionalidad. Repartición de las horas de trabajo entre ocupadas y desocupadas, con salarios equivalentes a la canasta familiar y  expropiación sin indemnización bajo control obrero en cada fábrica que cierre.

Así mismo, han sido las mujeres, la primera línea de la cesantía y la hambruna, liderando la organización barrial, levantando las ollas comunes y cargando con una segunda jornada laboral en el hogar mediante labores domésticas y el cuidado de sus hijos, enfermos y adultos mayores.  Que la crisis no la pague la mujer trabajadora: socialización del trabajo doméstico con la creación de comedores, guarderías y lavanderías comunitarias  financiadas por el estado pero controladas por las mujeres trabajadoras en todos los barrios del país. 

Ni una menos, el estado es el responsable

La violencia de género, en tiempos de pandemia y crisis, ha develado que el Estado es el principal responsable, pues las nefastas políticas de confinamiento social, han arrastrado a miles de mujeres a sobrellevar cuarentenas junto a sus agresores, aumentando la violencia intrafamiliar y sexual, evidenciando que las políticas públicas en el campo de la prevención de la violencia de género, son insuficientes, pues los femicidios no cesan y por el contrario, se recrudecen.  Por ello, no basta solo con acusar a la violencia machista y patriarcal como la principal responsable, dado que, de esa forma, se oculta la responsabilidad que tiene el Estado en la reproducción de violencia sistemática hacia las mujeres. Es el Estado, los distintos gobiernos y la iglesia, los que defienden y promueven un régimen social que, basado en la explotación, la exclusión y la opresión, continúa reproduciendo un modelo de familia donde perpetúan las contradicciones de la sociedad capitalista. Fin a la violencia de género, femicidios y crímenes de odio contra la comunidad LBGTI+, creación de casas refugio para víctimas de violencia de género, con subsidio estatal con apoyo legal y psicológico gratuito, bajo gestión de un equipo interdisciplinario junto a las mujeres y otorgamiento de subsidio económico y vivienda.

La responsabilidad del estado, se devela también en nuestros derechos sexuales y reproductivos, que reclaman cada día y con más fuerza la lucha por el aborto libre, seguro, gratuito y legal, pues los abortos proliferan en la clandestinidad y el mercado del negocio negro, que pone sus ganancias por sobre nuestras vidas. Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, sin objetores de conciencia y por la separación de la iglesia con el estado. 

Huelga general y Asamblea constituyente libre y soberana

El proceso constituyente en curso, posiciona al movimiento de mujeres y al conjunto de la clase trabajadora, en un lugar central, pues no debe existir ninguna confianza a un proceso maniatado por el gobierno para sacar al pueblo en lucha de las calles y encauzarlo en un proceso institucional que pone trabas tras trabas para no terminar con la constitución de Pinochet. La defensa de constitucionales independientes del estado, la iglesia y los partidos patronales es fundamental para defender el programa de la rebelión. Este proceso nos pone e8n disputa, pues no puede ser un espacio de concesiones con el régimen, sino por la defensa férrea de una verdadera constituyente libre y soberana.

Este 8M, defendemos la huelga general como herramienta histórica para alcanzar nuestras reivindicaciones y las del conjunto de la clase obrera. Esta huelga, no debe ser un mero saludo a la “bandera”, la huelga se garantiza y se organiza, por lo que emplazamos a las dirigencias sindicales y del movimiento de mujeres a que la huelga sea efectiva, por lo que es necesario romper con la burocracia sindical, que mantiene un silencio cómplice al régimen. El programa que puso octubre y el movimiento de mujeres, deben ser defendidos en las calles, pues sus reivindicaciones no tienen cabida en los marcos del régimen actual a través de un plan de lucha y un posicionamiento político que defienda el ¡Fuera Piñera!; por las reivindicaciones de las mujeres trabajadoras, migrantes y de los pueblos originarios; por la libertad de todas, todes y todos los prisioneros políticos; por el desmantelamiento de las fuerzas represivas y la anulación de las leyes de criminalización de la protesta.